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Treinta mil vascos -el 80 por ciento, mujeres- sacrifican sus expectativas personales y laborales para dedicarse día y noche a los familiares que no pueden valerse por sí mismos, normalmente un progenitor viudo. 'Es una estimación a la baja. Las hijas suelen ocuparse de los mayores. Los asean, les dan de comer, vigilan que tomen las medicinas, los acuestan Ellas se consagran a las labores domésticas, dejan de buscar empleo y subsisten con la pensión de los padres', denuncia la parlamentaria vasca del PP Juana Iturmendi.
La Cruz Roja asegura que 1,4 millones de españoles se encontrarán en esa situación cuando entre en vigor, el próximo 1 de enero, la Ley de Dependencia, que fue aprobada el pasado jueves en el Congreso con el rechazo del PNV, EA, Nafarroa Bai y CiU, en todos los casos alegando una invasión de competencias. Hasta ahora, los mayores que no tienen plaza en una residencia pública o en un centro de día pueden acogerse, al menos, a desgravaciones fiscales por discapacidad; pero el ministro Jesús Caldera ha reconocido que, mientras se estructure el Sistema Nacional de Depen- dencia, las ayudas económicas directas suplirán muchas veces el déficit de recursos asistenciales.
El Parlamento vasco ya debatió este asunto en marzo pasado, cuando Juana Iturmendi propuso al Gobierno de Ibarretxe que concediera 6.000 euros anuales a quienes se hagan cargo de un familiar impedido. En principio, todos los partidos menos EHAK estaban de acuerdo en fijar una compensación. Sin embargo, el tripartito exigió que la cantidad quedara en el aire. Seis meses después, algo se ha avanzado. El Departamento de Trabajo, Justicia y Seguridad Social ha confirmado que quiere ayudar a unos 10.000 cuidadores no profesionales con fondos del II Plan de Apoyo a la Familia 2006-2010. Sin embargo, no ha especificado cuánto dinero entregará, cuestión sobre la que 'se legislará más adelante', según explicaron en la consejería. El Gobierno vasco se acaba de quedar sin fondos para las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral tras haber recibido una 'avalancha' de solicitudes.
Oficialmente, los servicios de Dependencia de Euskadi (residencias, centros de día y teleasistencia) asisten al 12,9 por ciento de los mayores de 65 años; es decir, a casi 50.000 individuos. Ese porcentaje varía en cada territorio histórico -la cobertura de Álava es del 15,59 por ciento-; pero en líneas generales, la mayoría de los ancianos impedidos son atendidos en casa, porque en los últimos años no se había prevenido el acelerado envejecimiento de la población vasca (los mayores de 75 años representan el 8 por ciento del total). A partir de enero, la Ley de Dependencia les va a reconocer gradualmente el derecho a reclamar una prestación asistencial, siempre que la necesiten. Pero la ley no abarcará sólo a las personas mayores, sino a minusválidos de cualquier tipo y edad, incluidos los psíquicos, que suman unos 20.000 en Euskadi. Según la Plataforma por un Sistema Público Vasco de Atención a la Dependencia, en la que participan grupos feministas y sindicatos, casi 60.000 ciudadanos de la comunidad, con edades comprendidas entre 16 y 64 años, tenían reconocida una discapacidad en 2001, aunque la cifra real podía ser más del doble.
El Instituto Vasco de Estadística (Eustat) ha comprobado que el 8,7 por ciento de los mayores de 6 años manifiesta alguna dificultad para manejarse solo en las actividades cotidianas. Y no es el único dato relevante. Dentro de ese grupo, quienes en 1989 necesitaban la ayuda total o parcial de otra persona representaban el 70 por ciento, pero hoy se acercan al 90 por ciento. A la vista de estas cifras, el Órgano de Coordinación Tributaria, en el que participan el Gobierno vasco y las diputaciones, va a introducir desgravaciones fiscales para la dependencia en la reforma del IRPF de 2007, que se liquidará en la primavera de 2008. El Gobierno de Guipúzcoa ha adelantado que habrá ventajas para los mayores de 60 años que sean atendidos en casa o en un centro y también para los familiares cuidadores. Igualmente, las deducciones se harán extensivas a los contribuyentes que costeen la estancia de discapacitados en residencias. No obstante, las diputaciones Vizcaya y Álava recuerdan que el esfuerzo de las instituciones se tiene que apreciar más en las subvenciones directas que en las medidas fiscales.
Pero, realmente, ¿cómo se puede reconocer el esfuerzo de una persona que cuida a un familiar dependiente? La Diputación de Álava ya está concediendo entre 400 y 513 euros al mes por cuidar a un pariente anciano en el domicilio, en función de la renta del solicitante. En Vizcaya y Guipúzcoa no está prevista esa ayuda, pero se desarrollan programas de formación dirigidos a cuidadores; y en el caso guipuzcoano, se les ofrece compensaciones alternativas para hacer más llevadera su situación.
Según un estudio de varios investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, suponiendo que una persona que no puede valerse por sí misma necesitara una dedicación de 2.600 horas al año, ese tiempo le podría costar entre 13.073 y 28.158 euros. La cantidad más alta se ha obtenido considerando el precio público de la ayuda a domicilio en 2004. En el cálculo más bajo se reduce ese precio a algo más de la mitad, pues los familiares no son profesionales. Sin embargo, estas cifras son aproximadas e ignoran la existencia de una gran variedad de responsabilidades: un paralítico, un caso de Alzheimer o de Parkinson Además, un estudio del Gobierno vasco revela que el 2,4 por ciento de las familias de Euskadi confiesa no tener tiempo para estar con los abuelos, lo que arroja, de entrada, un colectivo de 16.000 personas.
Por eso, la Ley de Dependencia deja la puerta abierta a los cuidadores 'informales', que en muchos casos son inmigrantes contratados por las familias para que se ocupen de un mayor. De hecho, el reconocimiento de la cobertura pública y la lógica reducción del número de hijas, nueras y nietas que puedan o quieran realizar esa tarea podría crear más de 200.000 empleos en toda España. El informe de la Universidad Autónoma recoge una encuesta entre hogares que habían recurrido a esa opción en 2000. El gasto anual medio ascendía a 7.110 euros divididos en 13 pagas. ¿Mucho o poco? Las instituciones pueden sopesar cuánto les costaría el servicio prestado por 12.500 abuelos que, según el Gobierno vasco, se ocupan de sus nietos en Euskadi.
Terra Actualidad - Vocento/VMT
07/10/2006