Los mayores alaveses disfrutan de mejores servicios sociales que el resto de los vascos

Es el único territorio que cumple las recomendaciones de la UE en plazas de residencias y centros de día, aunque Vizcaya es la que más crece en los últimos años
TERESA ABAJO t.abajo@diario-elcorreo.com/BILBAO
Las hermanas Ontañón nacieron y se criaron en Balmaseda, pero siguieron distintos derroteros. La mayor es viuda y continúa viviendo allí junto a uno de sus hijos. La mediana se trasladó a Vitoria y la pequeña se casó con un donostiarra. Pese a la distancia, siempre se reunieron en la casa familiar para celebrar las grandes ocasiones hasta que la edad las fue separando. La que vive en Vizcaya debería ingresar en una residencia, pero se resiste a dejar su piso como garantía de pago. Su hijo ha contratado a una cuidadora. La de Vitoria se enfrenta al mismo dilema mientras acude a un centro de día donde la ayudan a frenar sus pérdidas de memoria. La de San Sebastián, aun con menos achaques, está en lista de espera para entrar en un geriátrico. Es previsora y sabe que su vivienda, la que piensa dejar a su nieta, es intocable para la Diputación.

Se trata de un ejemplo ficticio, pero perfectamente posible, de las diferencias entre los tres territorios históricos a la hora de ofrecer servicios a las personas mayores; el colectivo que pondrá a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones en los próximos años. El 18% de los vascos tienen más de 65 años. Para 2015, uno de cada cinco -el 22% de las mujeres- pertenecerá a la tercera edad.

Cada territorio ha afrontado el envejecimiento de la población a su manera, en el ejercicio de unas competencias sagradas para las instituciones forales. Han tejido una compleja red de servicios que en poco tiempo deberá adaptarse a dos leyes: la de Dependencia y la de Servicios Sociales, esta última todavía en sus preliminares. Uno de sus objetivos es, precisamente, configurar un sistema común para toda Euskadi. El acceso a las prestaciones «no puede depender del lugar en el que uno viva», enfatizó el consejero Javier Madrazo durante la presentación del anteproyecto.

El punto de partida, con datos de finales de 2005, sitúa a Álava por delante de los otros dos territorios. Para hacer comparaciones se utiliza el índice de cobertura (número de plazas por cada 100 mayores de 65 años). Álava es la única que cumple los objetivos marcados por la UE: 5% en residencias y 1% en centros de día.Vizcaya aún no alcanza ninguno de los dos parámetros y Guipúzcoa está a medio camino.

El mismo esquema se repite en el gasto por habitante en servicios sociales, que no sólo incluye a la tercera edad. Los últimos datos, de 2004, arrojan una cifra de 686 euros en Álava, casi 150 más que en los otros dos territorios. En lo que están igualados es en el porcentaje del PIB que se destina a atender estas necesidades, en torno al 2%.

El problema del copago

Si los datos se analizan con perspectiva, parece que la brecha empieza a cerrarse. Vizcaya y Guipúzcoa han hecho un gran esfuerzo en los últimos años por superar su desventaja. En 2001, la cobertura de plazas residenciales en Vizcaya era del 2,98%, y ahora supera el 4%. Es el territorio donde más ha crecido la oferta, gracias a un plan de infraestructuras dotado con fuertes inversiones. Casi se ha equiparado con Guipúzcoa en residencias y ayuda a domicilio, mientras que esta última destaca en centros de día y, sobre todo, en teleasistencia, lo único en lo que desbanca a Álava.

El problema es que las diferencias no sólo afectan a los índices de cobertura, sino a cuestiones de organización, de tarifas y hasta de filosofía. Álava tiene los precios más bajos y Guipúzcoa, con diferencia, el porcentaje más elevado de plazas públicas (85%). También es el único territorio que no ha adoptado el polémico reconocimiento de deuda para financiar las plazas en residencias. Con este sistema, la Diputación puede utilizar el patrimonio del usuario -incluida la vivienda habitual- para cobrar parte de la asistencia tras su fallecimiento.

En Álava se aplica desde 1995 y en Vizcaya se implantó en 2006. El Gobierno vasco ya ha anunciado que la nueva Ley de Servicios Sociales va a prohibir el uso de la vivienda habitual como medio de pago, sin especificar alternativas de financiación. Nadie duda que el gran desafío de la ley reside en el copago: conseguir una oferta de servicios sostenible económicamente, ahora y en el futuro. Algo mucho más complicado que reivindicar los servicios sociales como un derecho universal, ya reconocido en la práctica. La prueba de que el asunto es delicado es el expresivo silencio que mantienen las diputaciones sobre el avance de los contenidos de una ley que tan directamente les afecta. Queda mucho por hablar -y calcular- en los despachos.

18/02/2007